Curandero Solicita Medidas de Protección en Penal de Piedras Negras
Abraham N., conocido curandero de la Zona Centro de Piedras Negras, Coahuila, ha solicitado formalmente medidas de protección al interior del centro penitenciario donde se encuentra recluido. Esta petición surge tras haber recibido, presuntamente, una serie de intimidaciones, según informó el Delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte I, Rigoberto Rodríguez Ríos.
Intervención de las Autoridades
El Delegado Rodríguez Ríos explicó que, en conformidad con la Ley Nacional de Ejecución Penal, todas las personas privadas de su libertad se encuentran bajo la jurisdicción del juez de ejecución. Este juez es responsable de supervisar las condiciones de internamiento, lo que incluye velar por la integridad física, la salud y el respeto a los derechos humanos de los reclusos.
“Cuando un juez tiene conocimiento de un caso y se denuncia una supuesta agresión o intimidación, se emiten medidas de protección”, detalló Rodríguez Ríos. “En este caso en particular, se ha hecho una recomendación especial al director del centro penitenciario. El objetivo es garantizar la seguridad de Abraham N. y su integridad física dentro del penal”.
Detalles de las Intimidaciones
Hasta el momento, no se han revelado detalles específicos sobre la naturaleza de las amenazas que habría recibido Abraham N. Tampoco se ha confirmado si se han identificado a los presuntos responsables de estas intimidaciones. Sin embargo, las autoridades han asegurado que están investigando activamente la situación para prevenir cualquier riesgo potencial dentro del centro penitenciario.
La solicitud de medidas de protección es un derecho fundamental de cualquier persona privada de su libertad, y las autoridades tienen la obligación de responder de manera oportuna y efectiva para garantizar su seguridad. Se espera que en los próximos días se den a conocer más detalles sobre las acciones concretas que se implementarán para proteger a Abraham N.
Contexto Legal
La Ley Nacional de Ejecución Penal establece claramente los derechos y obligaciones de las personas privadas de la libertad, así como las responsabilidades de las autoridades penitenciarias. Esta ley busca garantizar un trato digno y humano a los reclusos, y protegerlos de cualquier forma de violencia o abuso.
