Se calcula que en Coahuila hay cerca de 150,000 personas con discapacidad, muchas de ellas mayores de 30 años. Estas son historias de madres que no pueden costear sus tratamientos médicos, de padres que luchan por sostener a sus familias, de individuos que enfrentan la discriminación y la pobreza sin un respaldo estatal. La pensión de 3,200 pesos podría significar medicamentos, transporte accesible o simplemente un respiro financiero. Pero Manolo Jiménez ha optado por darles la espalda, priorizando quién sabe qué intereses sobre las necesidades urgentes de su pueblo. Mientras estados vecinos amplían la cobertura y dignifican vidas, Coahuila se estanca en un modelo de exclusión que agrava las desigualdades.
Una Decisión Sin Justificación ¿Qué explica esta postura? No hay evidencia de que firmar el convenio represente una carga insostenible para Coahuila. Otros estados, como el Estado de México, han demostrado que la colaboración es viable, aportando el 50% de los recursos para cubrir a 250,000 beneficiarios. Si ellos pueden, ¿por qué Coahuila no? La respuesta parece radicar en una falta de voluntad política que raya en la negligencia. Jiménez ha tenido la oportunidad de sumarse a una causa que trasciende colores partidistas, pero ha elegido mantenerse al margen, dejando a las personas con discapacidad en un limbo que no merecen. Esta omisión no solo es decepcionante; es una traición a los principios de equidad que cualquier líder debería defender.
Coahuila, Rezagada en el Mapa de la Inclusión
El contraste con el resto del país es doloroso. En lugares como Yucatán o Veracruz, los gobiernos estatales han abrazado el programa, asegurando que nadie quede fuera por motivos arbitrarios. En Coahuila, en cambio, la decisión de Jiménez crea una brecha vergonzosa: mientras una persona de 29 años con discapacidad recibe apoyo, otra de 31, con las mismas necesidades, es ignorada a menos que viva en una zona marginada. Esta lógica no solo es injusta, sino que perpetúa un sistema donde los derechos dependen de tecnicismos burocráticos en lugar de principios universales. Coahuila merece estar a la altura de los estados que lideran en inclusión, no ser un ejemplo de retroceso.
Un Grito por la Dignidad
La ciudadanía de Coahuila no puede quedarse de brazos cruzados. Es hora de alzar la voz y exigir que Manolo Jiménez rectifique esta decisión inhumana. Las personas con discapacidad mayores de 30 años no son estadísticas; son coahuilenses con derechos que merecen ser respetados. Organizaciones civiles, familias afectadas y la sociedad en general deben presionar para que el convenio se firme de una vez por todas. Las redes sociales, las protestas pacíficas y el diálogo directo con las autoridades son herramientas para recordarle al gobernador que su mandato no es un juego de poder, sino una responsabilidad hacia los más frágiles.
La negativa de Manolo Jiménez a firmar el convenio de universalidad para la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente es un error que hiere profundamente a Coahuila. Al excluir a las personas con discapacidad mayores de 30 años, el gobernador no solo ignora sus necesidades, sino que socava el compromiso de su estado con la justicia social. Es momento de que Jiménez escuche, reflexione y actúe. Firmar el convenio no es una concesión; es un paso necesario para devolver la dignidad a quienes han sido olvidados. Coahuila no puede seguir siendo un punto negro en el mapa de la inclusión. Las personas con discapacidad merecen más que promesas vacías: merecen acción, y la merecen ahora.
